El Ejecutivo Municipal vetó la ordenanza nº 2391, sancionada por el Concejo Deliberante el pasado 17 de febrero, aprobando la incorporación del 40 por ciento de zona desfavorable a las bonificaciones remunerativas.
El fundamento central del veto es que “la ordenanza 2193 viola el principio constitucional de división de poderes establecido en la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de Municipalidades, en cuanto trata y dispone sobre materias de administración, siendo éstas facultades propias del Ejecutivo”.
Por lo expuesto, desde el Ejecutivo remarcaron que “no es incumbencia de los concejales tratar temas que tienen que ver con el salario de los empleados municipales, para eso están las paritarias”.
Consultado al respecto, el presidente del HCD –Honorable Concejo Deliberante- Ricardo Marino, expresó que “la ordenanza sancionada -2193- no alcanza a los concejales, como lo dijo el dirigente de Soyem” y que “solo es para los trabajadores. Los concejales cobramos sobre el básico de la categoría 2, nada más”.
No obstante, reconoció que “el Ejecutivo sostiene que la política sanitaria es incumbencia de ellos, así que fue rechazada”.
Injerencia
Por su parte, la presidenta del bloque Cambiemos, María Ciccone, expresó: “le solicité dictámenes de letrado para ver bien cuál es la situación. Lo que sé es que el Tribunal de Cuentas confirmó que el Honorable Concejo Deliberante no puede meterse en cuestiones propias del Ejecutivo, como son las salariales, no tienen
injerencia, habrá que evaluar qué hacemos con eso”.
Asimismo, remarcó que “no fue un proyecto en el que todos estábamos de acuerdo porque no es lo que se había presentado, eso lo dije en la sesión. Ademas, las cosas apuradas no salen bien. Hay que tener mucho cuidado cuando levantamos la mano, es para analizarlo bien”.
